Víctimas insisten que para conocer la verdad se debe tener acceso a la documentación de organismos de seguridad del Estado, pero mientras se da esa pelea legal, la ONU advierte que ya empezó una depuración sin control alguno. Los archivos de inteligencia y contrainteligencia pueden guardarse durante 30 años y el Presidente puede prorrogar ese tiempo 15 años más, para un total de 45...