Las víctimas de los falsos positivos no quieren a los militares en la JEP

Unos 15.000 militares son investigados, y unas decenas ya han sido condenados, por las ejecuciones extrajudiciales de, al menos, 4.500 civiles. Los familiares de las víctimas piden que no se beneficien de la JEP porque asesinaron “por beneficio propio”, no como parte del conflicto.

En la conmemoración de 9 años de la desaparición forzada de Fair Leonardo Porras, como uno de los casos de jóvenes ejecutados extrajudicialmente –falsos positivos- de Soacha, su madre Luz Marina Bernal junto con familiares de otras víctimas, con hombres y mujeres conscientes, se sembraron en la Plaza de Bolívar de Bogotá y manifestaron su desacuerdo con que militares sindicados o condenados por este delito de lesa humanidad sean juzgados en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Según la Secretaría Ejecutiva de la JEP, al 03 de marzo 1.729 miembros de la Fuerza Pública conforman el listado de beneficiados de la Ley de Amnistía y, al corte del 28 de julio, 582 integrantes militares han recibido entre libertad condicionada, transitoria y anticipada. Entre estos últimos, se encuentran condenados por ejecuciones extrajudiciales, como el general Jesús Cabrales, responsable de los desparecidos del Palacio de Justicia; el general Jaime Uscátegui, por la masacre de Mapiripán, o los 21 militares condenados este año en el caso de los cinco jóvenes de Soacha, quienes fueron reclutados con engaños, asesinados por miembros del Ejército y reportados como bajas en combate en Ocaña (Norte de Santander), entre otros.

El 24 de julio La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de Casación Penal estableció la suspensión de las órdenes de captura a miembros de la Fuerza Pública prófugos de la justicia, condenados o procesados por ejecuciones extrajudiciales, los cuales deberán someterse a la JEP para la definición jurídica definitiva respecto a una infracción del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que no puede ser objeto de amnistía ni indulto.

Esta decisión judicial la tomó la Sala tras la solicitud el 21 de junio de los soldados profesionales Rodrigo Herrera y Mauricio Cubillos, militares adscritos al Batallón de Infantería N°26 Cacique Pigoanza bajo el mando del teniente José Moreno, quienes en un operativo militar en Gigante (Huila) en el año 2006 asesinaron al campesino José Rivera, quien se encontraba abonando un cultivo de café en compañía de su hijo. La Corte asegura que “su muerte fue presentada inicialmente como producto de un combate aunque a la postre se estableció que correspondió a un evento de ejecución extrajudicial” y los militares señalan “que los hechos objeto de investigación y juzgamiento en este proceso surgieron en el marco de conflicto armado que ha vivido el país pues ocurrieron dentro de las actividades desplegadas por el Ejército Nacional con el fin de combatir grupos ilegales”.

Jayder Urriago, el orientador geográfico de la operación militar, declaró en el proceso de investigación de este caso, que la acción “estuvo precedido de la arenga del suboficial a sus subalternos para que lo mataran [refiriéndose al campesino] porque era miembro de la guerrilla, que justificaban y racionalizaban el delito cometido, por eso se le reportó como baja en combate y fue objeto de felicitación”.

En el año 2010, la Fiscalía 45 Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Neiva, impuso medida de aseguramiento contra los soldados y en enero de 2017 la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva los condenó a 31 años como coautores del delito de homicidio en persona protegida y estableció órdenes de captura. Tras la solicitud de los militares a la Sala, en julio fueron suspendidas las órdenes de captura bajo el precepto jurídico de la Ley de Amnistía y el Decreto 706 de 2017 y argumentaba la Sala en el concepto judicial: “Así como los integrantes de las FARC-EP, a pesar de que aún no han hecho tránsito a la legalidad, gozan de la libertad, por igual, los agentes del Estado que son objeto de investigación no pueden ser privados de ese derecho, pues ello envolvería un trato asimétrico”.

Previamente a la condena de los 21 militares por el caso de 5 jóvenes de Soacha, el juez en marzo de 2017 se declaró impedido para adelantar la audiencia de acusación, advirtiendo que era una caso correspondiente a la JEP, la Fiscalía advirtió que “estos hechos no hacen parte del conflicto, fueron muertos en circunstancias de indefensión, ciudadanos que vivían el municipio de Soacha y que fueron llevados con promesas de trabajo y allí fueron asesinados”.

4.497 víctimas extrajudiciales ha documentado el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia (…). No estamos de acuerdo que estos delitos de lesa humanidad sean juzgado en la JEP, estos deben ser de la justicia ordinaria porque fueron hechos ocurridos para buscar beneficios (…) observamos con preocupación las diferentes modificaciones que han sido incorporadas a la responsabilidad de mando, o la negativa de las Fuerza Militares al reconocimiento patrimonial en los derechos de las víctimas. Más de 15.000 efectivos militares han estado implicados en investigación penal por esté tema de crímenes”, asegura Carolina López representante del MOVICE-capítulo Caldas.

“No fueron actos de guerra, eran beneficios”

En enero de 2008 Fair Leonardo Porras, joven de 26 años, habitante de Soacha y con discapacidad cognitiva fue llevado hasta Ocaña (Norte de Santander). A su reclutador le pagaron un millón de pesos y, tras ser ejecutado extrajudicialmente, Fair Leonardo fue presentado como guerrillero abatido en combate. Por estos hechos, fueron condenados en marzo de 2012 6 militares a 53 años de prisión, entre ellos el mayor Wilson Quijano Mariño, quien se convirtió en prófugo de la justicia y recapturado por la denuncia de agresión a su pareja.

“En la cifra de desapariciones están camufladas muchas personas con discapacidad y pensaron que por las condiciones de nuestros hijos nadie los iba a buscar cuando desaparecieron”, cuenta Luz Marina Bernal, madre de Fair. “Hay una plena relación en las ejecuciones extrajudiciales donde las víctimas en su mayoría son personas discapacitadas y este factor está invisibilizado en el país”, advierte Nayibe Sánchez, del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Luz Marina Bernal considera que los militares implicados en las ejecuciones extrajudiciales no deben estar en la JEP, “sencillamente porque no fueron actos de una guerra, solamente era por beneficios propios y por la dirección de un gobierno que a través de una circular ministerial del 17 de noviembre de 2005 invita a los militares a presentar sus grandes resultados de bajas en combate con jóvenes inocentes (…) y vimos como estos militares fueron ascendidos y de la misma Presidencia salen unos incentivos que los invita por cada resultado puedan recibir cartas de felicitación, medallas, ascensos y cursos al exterior”. Bernal es pesimista si estos casos se canalizan a través de la Jurisdicción Especial de Paz. “Creemos que en la JEP no se van a reconocer las responsabilidades de los altos mandos, por ejemplo no se va decir que el Ministro de Defensa de esa época tenía conocimiento de lo que sucedía. Ahora tenemos 23 generales implicados en estos crímenes de lesa humanidad, incluso el general Montoya decía que él no quería ver cinco muertos sino necesitaba ver los estadios llenos de muertos y que tampoco se conformaba con litros de sangre sino con ríos de sangre. Esto era una política sistemática. Consideramos que en la JEP no hay plenamente garantías que nos digan lo que pasó. No queremos una repetición de la Ley de Justicia y Paz”.

Exigencias de justicia y verdad

Luz Marina Bernal pinta su rostro con la mirada cubierta de dignidad, la planta de sus pies están llenas de tierra y, como la fuerza de un tronco con raíz, se levanta de frente al Palacio de Justicia en medio de la Plaza de Bolívar. El caso de su hijo, tras cinco años de exigencias, fue de los primeros con condena en contra de militares por ejecuciones extrajudiciales.

Alrededor de Luz Marina otras víctimas. Como Lady Montes, que se cubrió de tierra en memoria de su esposo desparecido en agosto de 2006. O Wayra, de 22 años, que aunque no es víctima considera que “la lucha por la memoria no es sólo de las víctimas, es de los ciudadanos”. O Andrés, que participó de esta acción para sembrar los sueños de un amigo que perdió “y por los jóvenes que fueron reclutados en el servicio militar obligatorio y que murieron por una guerra que ni siquiera es de nosotros”.

Así como ellos, el 27 de julio durante 6 horas en la Plaza de Bolívar otros más se llenaron de tierra, plantas y flores y, acompañados de los rostros de sus familiares desaparecidos, desarrollaron la acción performática Cuerpos Gramaticales, “que nace en Medellín del colectivo Agroarte. Invitan a sembrarse, no a enterrarse, durante varias horas para hacer catarsis de los dolores”. Ellos consideran que el cuerpo es el lugar donde se inscribe el dolor de la pérdida y se puede transformar para contar “la lucha, la resistencia y la esperanza” buscando exigir justicia y verdad que para muchos es aún inconclusa.

Fuente: https://colombiaplural.com/las-victimas-los-falsos-positivos-no-quieren-los-militares-la-jep/

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