Aún no existe la Jurisdicción Especial para la Paz, pero frena casos de falsos positivos en Caldas

Militares insisten en que deben ser juzgados por la Justicia Especial para La Paz y argumentan que la justicia ordinaria no tiene competencia. Las víctimas cerca de una década sin poder recibir justicia.

Militares procesados por falsos positivos que no comparecieron ante la justicia ordinaria, piden ser juzgados en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Militares procesados por falsos positivos que no comparecieron ante la justicia ordinaria, piden ser juzgados en la Jurisdicción Especial para la Paz. / Foto/archivo/Caracol Radio

Los procesos por los denominados falsos positivos que se adelantan en Manizales y que han tenido actuaciones durante las últimas semanas, encontraron en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una barrera para avanzar hacia una imputación de cargos y darles inicio oficial a los procesos jurídicos.

El juez de control de garantías encargado de esta diligencia decidió suspender por el resto de este año la audiencia y así esperar a que se implemente la JEP y que la misma empiece a funcionar.

“Han transcurrido 9 años sin que se hubiera podido adelantar este proceso y uno pregunta por qué no esperar un año más, seis meses más, si todo apunta a que todos estos procesos van para JEP”, manifestó el juez en uno de sus apartes en los que explicó por qué aplazaba la diligencia.

En este caso en particular a los nueve militares se les señala de haber asesinado el 6 de marzo de 2008, dentro de una camioneta, a los ciudadanos Walter Ray Caldas Cano, Alix Amparo Insuati Serna, Joiver Fernando Henao, Alexánder Mota, Juan Carlos Perafan Guevara y Jorge Antonio Benavides Enríquez en la vereda El Chuzo de Manizales.

El representante de las víctimas Jorge Molano indicó que los militares ejecutaron extrajudicialmente a estas personas con el propósito de presentar en este múltiple crimen como un positivo en el control al orden público en Caldas.

No los considera delitos del conflicto armado

Molano explicó que estos delitos no deben ser tratados por la JEP, ya que considera que son crímenes cometidos por personas del Ejército colombiano con el único objetivo de obtener beneficios personales y dónde se fingió la existencia del conflicto armado para justificar asesinatos de personas.

El abogado de las víctimas también resaltó que los militares están libres y siguen en el ejercicio de mando dentro del Ejército Nacional por lo que “constituyen un peligro para la sociedad”, es decir que el abogado cree que deberían estar privados de la libertad.

“La JEP no ha sido objeto de reglamentación, luego plantear que hay un conflicto de competencias con algo que no existe es un sofisma y es una falsedad. En segundo lugar no tiene relación con el conflicto y en tercer lugar jueces de Soacha a través de acciones de tutela le han dicho a los demás jueces, ustedes no pueden impedir que las víctimas tengan acceso a un recurso eficaz”, manifestó el jurista.

Molano también indicó que los militares señalados en este proceso de la vereda El chuzo no han hecho ninguna manifestación de compromiso con la verdad ni han señalado cual es la verdad que van a entregar a las víctimas ni a la sociedad. A la audiencia de hoy sólo uno de los nueve militares asistió a la diligencia.

“Creemos que esto es una práctica fraudulenta para evitar y dilatar la acción de la justicia. Acá se debe imprimir celeridad e imponer sanciones. Es deber de los jueces investigar a los abogados que no permitan el curso del proceso”.

El abogado Molano, a través de un comunicado le dijo a Caracol Radio que “La decisión del juez de control de garantías es abiertamente contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, a la Constitución Nacional y a la ley 90 de 2004. Esta es una decisión que de manera arbitraria y abusiva acaba con los derechos de las víctimas, en tanto sin ningún fundamento legal se les impide acceder a la administración de justicia y de economía para el estado. Por ser una decisión abiertamente ilegal, presentaré ante el Fiscal General de la Nación una denuncia penal, para que se investigue la responsabilidad en este acto del delito de prevaricato”.

En Caldas hay 65 casos de falsos positivos en un periodo no mayor a año y medio, los cuales dejaron 96 víctimas. La gran mayoría de estos hechos son atribuidos al batallón Martires de Puerres, por lo que Molano señaló que esta unidad sistemáticamente asesinaba colombianos para que sus comandantes obtuvieran beneficios personales.

Recordó que ya la Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso de casación por lo que ya a siete de los procesados de esa unidad militar, la sentencia les quedó en firme. Agregó que en la actualidad en un juzgado de Bogotá se adelanta el juicio en contra del mayor Josue Yobanny Linares Hernández, del capitán Julio César Álvarez Pedrero, y de Juan Carlos Huertas, el reclutador que hacía parte de la oficina de envigado, que coordinaba con esta unidad militar.

También han sido interrogados por estos crímenes los generales Emiro José Barrios, Jorge Enrique Navarrete y Mario Montoya Uribe de quiénes esperan que les puedan hacer pronto las imputaciones de cargos según el jurista.

Molano concluyó que mientras los procesos se siguen demorando las amenazas a las víctimas se han reiterado hasta el presente año por medios electrónicos, por su permanencia en pedir que la justicia actué en este caso.

“Hoy vemos con preocupación que las autoridades colombianas han permitido omitir la protección a las víctimas”.

Minjusticia aseguró que Falsos Positivos si irán a la JEP

Hace 12 semanas, en marzo de este año el ministro de Justicia Luis Carlos Villegas manifestó que los falsos positivos sí serán parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Al responder al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, Villegas indicó que “todos los delitos que tengan que ver con el conflicto entran y los homicidios agravados o en persona protegida son muy difíciles de desvincular con el conflicto, están relacionados con el conflicto, por lo tanto hacen parte de la justicia transicional”.

El pasado 22 de mayo el juez especializado de Pereira, que cumple funciones de conocimiento en Manizales por otro caso de falsos positivos también aplazó la audiencia de imputación de cargos en contra de los militares Carlos Alfonso Suárez Ortiz, el sargento viceprimero Héctor Andrés Beltrán y el soldado profesional Henry Giraldo Ruíz, del batallón Ayacucho de Manizales, además de los investigadores del CTI de la Fiscalía Mauricio Jiménez Ávila y Guillermo Alonso Giraldo Betancur, ya que los soldados decidieron acogerse a la JEP.

A estos hombres se les está juzgando por el presunto secuestro en Medellín de José Alirio Jaramillo Grisales, un desmovilizado del Epl y quién fue presentado como abatido en combates con el Ejército el 25 de abril del 2008 en la vereda La India, en zona rural de Anserma (Caldas).

Fuente: http://caracol.com.co/emisora/2017/06/10/manizales/1497058258_879410.html

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