Memoria de ANA FABRICIA CÓRDOBA CABRERA

 

El 7 de junio del año 2011 fue asesinada ANA FABRICIA CÓRDOBA CABRERA. Seis años años han pasado desde aquel día, hoy la recordamos con este texto que hace parte del libro POR LOS CAMINOS DEL RETORNO. Iremos publicando en nuestro nuevo sitio web todos los relatos e imágenes que hacen un recorrido por lo que ha sido nuestro trabajo desde el 2003. La próxima entrega será CUANDO VOY A LA ESCUELA, escrito por Santiago Andrés Gómez.
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ANA FABRICIA CÓRDOBA CABRERA
Por: Gustavo A. Hincapié V. *

Iba camino a San Francisco, un pequeño poblado ubicado en el oriente antioqueño, para acompañar una jornada de grabación de un documental colectivo realizado por jóvenes rurales sobre la infancia y la educación en el campo. Era martes 7 de junio del año 2011 y el trayecto transcurría sin novedades hasta que, pasado el mediodía, recibí una llamada de Piedad Morales^[1] muy consternada por la noticia que me anunciaba: habían asesinado a “La Negra” al interior de un bus en el nororiente de Medellín. Se llamaba Ana Fabricia Córdoba Cabrera, la había visto por última vez dos semanas antes, encaramándose por las empinadas lomas de la Comuna 13 para acompañar a las madres de los desaparecidos en la búsqueda de sus seres queridos. Ella, como muchas otras mujeres en este país, se atrevió a desafiar el macabro destino que nos imponen. La sacaron de su tierra, fue señalada y encarcelada en la ciudad, le mataron a sus hijos, la persiguieron y finalmente le dispararon en la cabeza con un arma con silenciador. Ella siempre lo advirtió, el dolor la volvió fuerte y pudo vencer el temor para expresar lo que sentía, para contar lo que había vivido, para denunciar lo que había visto. En vida no la pudieron acallar y quienes la conocimos no vamos a olvidar sus palabras ni su historia.

Este texto es un homenaje a la memoria de esta mujer afrodescendiente, una indagación en sus propios relatos y testimonios, en el fuerte ritmo de sus palabras, en los recuerdos de quienes compartieron su lucha, de quienes la escucharon y aprendieron a quererla. Para que otros la conozcan, para traerla de vuelta y sentir su fuerza, para no dejarnos arrebatar su aliento, para que no nos condenen al olvido, para que no nos siga gobernando la amnesia.

Tres días antes de la histórica promulgación de la ley de víctimas en Colombia, en la cual estuvo presente el Secretario General de Naciones Unidas, fue asesinada una mujer de voz alegre y furiosa, una de las tantas víctimas directas del conflicto armado en el país, una sobreviviente de todas las guerras, desde las de las bananeras en Urabá hasta las de las comunas en Medellín. Su nombre y su historia resonaron con fuerza por el contexto en el que ocurrió su asesinato: a la implementación de leyes de restitución de bienes y derechos se le unía el reconocimiento de las víctimas en un país que, en su historia reciente, había negado la existencia de un conflicto armado. Su muerte se convirtió en una alerta tardía y repetida del riesgo al que se exponen todos aquellos que se atreven a desafiar a la impunidad en un país en guerra. En los noticieros apareció su foto y los periodistas repetían su nombre, citaban una y otra vez sus frases premonitorias, lamentaban el hecho y exigían culpables. La respuesta de la Policía fue el ofrecimiento de una recompensa de “hasta 150 millones de pesos, por información sobre el paradero de los responsables”.

Pero muchas preguntas quedaron flotando en el aire después de su asesinato. Quién era esta mujer por muchos conocida simplemente como “La Negra”, que frecuentaba las movilizaciones y los encuentros sociales, que acompañaba los reclamos de otras víctimas, que hablaba siempre de su tierra y del exterminio de su familia. Cuáles guerras y dolores había padecido, por qué la habían matado. Ella misma se encargaba de contar su historia siempre que podía, de relatar su drama con la misma fuerza con la que compartía sus cantos y sus bailes, de alentar a otros para que se organizaran y denunciaran, para que exigieran sus derechos, para que no se quedaran callados.

En el año 2010, en un taller sobre memoria histórica realizado en la Universidad de Antioquia, así se presentó al momento de su intervención: “Yo soy Ana Fabricia Córdoba Cabrera, vi matar mi padre, mi madre y todos mis hermanos. Quedó Arsenio y quedó Fabricia, acabaron con Arsenio porque iba con la verdad. Quedó Fabricia y me mataron a mi hijo porque me lo desaparecieron en La Cruz, yo conocí a mis enemigos. Y eso no me amedrentó porque yo con enloquecerme o ponerme a llorar en una esquina no hago nada, eso me calienta más el corazón y me da más fortaleza para seguir luchando y hablar en estos escenarios ”.

La guerra en Urabá

Ana Fabricia Córdoba era oriunda de la zona bananera en el Urabá antioqueño, lugar donde su familia había llegado huyéndole a la violencia bipartidista en Norte de Santander. Allí se instalaron en predios baldíos y colonizaron tierras para la siembra que con el paso del tiempo fueron bastante productivas y atrajeron la presencia de empresarios, terratenientes y grupos armados a la región. En particular, la siembra del banano se extendió por una amplia zona de Urabá en la cual se construyeron improvisados poblados a los que fueron llegando obreros para trabajar en las plantaciones.

El ambiente social se enrareció y las disputas políticas, así como los intereses económicos, propiciaron el surgimiento de movimientos sindicales y expresiones sociales fuertes en la región. Las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC, y el Ejército Popular de Liberación –EPL, también se fortalecieron y se arraigaron en los sectores rurales y en los sindicatos de los obreros del banano. En 1985 surgió la Unión Patriótica -UP, una propuesta emanada de los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC, a la cual se fueron articulando muchas organizaciones a finales de la década de los ochenta. En Urabá este partido político logró elegir un número significativo de ediles y ganar siete de las once alcaldías de la región. Arsenio Córdoba, hermano de Ana Fabricia, fue uno de los concejales electos en varias ocasiones por la Unión Patriótica en el municipio de Apartadó, mientras ella se destacaba como líder comunitaria en las zonas rurales.

Asesinos a sueldo comenzaron a generar temores en la zona, que luego se afianzaron con las disputas internas entre los dos grupos guerrilleros por el control de sus bases sociales, cometiendo abusos de autoridad con la población, asesinatos selectivos y masacres entre los simpatizantes de uno y otro bando. El EPL entregó sus armas en 1991 y se convirtió en un movimiento político denominado Esperanza, Paz y Libertad, conocidos luego como “Los Esperanzados”. Perseguidos y declarados traidores por los que continuaban alzados en armas, muchos de los desmovilizados terminaron conformando Comandos Populares en alianza con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU, y con las fuerzas de seguridad del Estado, todos compartían un enemigo en común: la guerrilla de las FARC.

La llegada del paramilitarismo al eje bananero se hizo evidente en 1995, en ese sólo año fueron asesinadas más de mil personas en la región. Los padres, los amigos, los primos y demás familiares de Ana Fabricia fueron víctimas de masacres como la del Aracatazo, que tuvo lugar el 12 de agosto de 1995 en un bar con ese mismo nombre, ubicado en un barrio de invasión del municipio de Chigorodó. Los toques de queda, los censos y empadronamientos, las masacres y el terror se impusieron en Urabá. El interés por la tierra se incrementó y muchos de los campesinos despojados violentamente tuvieron que salir huyendo hacia ciudades como Medellín o Cartagena. De esta forma, las haciendas bananeras crecieron y se materializó el exterminio de la Unión Patriótica.

El 22 de junio de 1996, mientras caminaba por una calle principal del municipio de Apartadó, fue asesinado Arsenio Córdoba por sujetos que se movilizaban en motocicleta y que huyeron al instante. La violencia acorraló por todos los costados a Ana Fabricia, que después del asesinato de sus familiares decidió quedarse mientras construía su propio hogar con su esposo Delmiro Ospina, quien también fue asesinado posteriormente en otra incursión paramilitar.

En un artículo publicado en la revista Semana, Ana Fabricia contaba del apego que le tenía a su tierra, lo que explica su resistencia a desplazarse y su decisión de continuar viviendo en medio de un panorama tan macabro: “Me quedé en Urabá y visitaba de vez en cuando la finca que teníamos en Chiguadó. Uno no se va ahí mismo porque uno está apegado a su tierra, a sus vacas, a sus cultivos”.

“Me asusté mucho cuando llegué”

Ana Fabricia llegó a Medellín en el año 2001, no tuvo más remedio que huir y refugiarse a la espera de encontrar un mejor futuro para sus hijos. Nunca olvidaba el susto que le había producido la ciudad cuando la vio por primera vez, se deslumbraba por la manera de vestir de la gente y se reía contando lo que le costó entender la dinámica de los semáforos para cruzar las calles. Se instaló en un barrio de la Comuna 13, donde estuvo pocos meses en una vivienda prestada por amigos cercanos o familiares que ya antes se habían desplazado. Viuda y con cinco hijos se enfrentó a una ciudad repleta de campesinos de todos los rincones del país, a las mismas guerras a las que le venía huyendo, a la pobreza y a la discriminación, a la falta de empleo y de las oportunidades esperadas.

Los milicianos de la Comuna 13 no la aceptaron en el barrio y se desplazó hasta el otro extremo de la ciudad, en las laderas de la comuna nororiental. En el barrio La Cruz se destacó desde el inicio por su fuerte carácter y sus reclamos para promover la organización y la exigencia de sus derechos como desplazados, esto le generó la desconfianza y el señalamiento por parte de los actores armados que operaban en el sector.

En el año 2002 se intensificó la guerra en las comunas de la ciudad con el incremento de la presencia paramilitar en los barrios. Ana Fabricia se enfurecía ante los abusos y denunciaba sin vacilación los atropellos a los que eran sometidos los jóvenes, entre ellos sus propios hijos. Valientemente denunció, ante organismos internacionales de derechos humanos, excesos por parte de la autoridad y la connivencia de miembros de la fuerza pública con los grupos de civiles armados que ejercían un control social de facto y combatían a los reductos de las milicias.

En retaliación y con testigos falsos, el 11 de junio de 2004 Ana Fabricia fue acusada de ser colaboradora de la guerrilla y detenida por el Comando Élite Antiterrorista de la Policía Nacional. Un informante la señaló, junto a otros líderes del barrio, de ser auxiliadora de las milicias del sector, siendo trasladada a la cárcel de mujeres del Buen Pastor donde estuvo recluida durante dos meses. El 14 de septiembre precluyó la investigación y Ana Fabricia salió absuelta, luego de que Alias Cristian reconociera ante la Fiscalía que sus señalamientos fueron producto de las torturas a las que lo había sometido la Policía Nacional, con el fin de obtener información que comprometiera a los líderes barriales con los grupos armados. Sin embargo, persistieron los hostigamientos, los allanamientos sin orden judicial y las acusaciones de ser colaboradora de las milicias. Al poco tiempo, en confusos hechos, fue asesinado su hijo Carlos Mario, de tan solo 13 años. Ella culpó a la Policía, dados los malos tratos a los que siempre había sometido a sus hijos.

“Pero que tenga el dolor de nosotros”

La situación económica nunca fue fácil en la ciudad, sus otros dos hijos hombres trabajaban lavando carros y en muchas ocasiones tuvo que realizar el “recorrido” con otras personas desplazadas para recolectar alimentos y ropa en los barrios vecinos. Sentía nostalgia por su tierra y siempre hablaba de ella, de cómo era su vida en el campo donde nada le faltaba, añoraba recuperar algún día lo que le habían quitado. El compendio de injusticias que cargaba consigo la motivó a liderar organizaciones de víctimas, espacios de encuentro con los demás desplazados del barrio y de la ciudad en los que promovía proyectos productivos comunitarios y participaba en las movilizaciones y denuncias que exigían el respeto a sus derechos.

Su liderazgo la llevó a enfrentarse con la burocracia propia de las oficinas encargadas de atender a la población desplazada. Así se quejaba de los funcionarios que se encontraban en dichas dependencias: “Ellos no saben el dolor de nosotros, que duro es tener este teatro y tener que salir huyendo para dejárselo a otros y adonde lleguemos vivir huyendo de lado a lado sin tener paradero. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que en la Gerencia de Desplazados hayan desplazados porque también tenemos hombres y mujeres preparados, que donde tenga que ver con la problemática del desplazamiento, en el Senado, en el Congreso, allá estemos. Sea blanco, sea negro o sea indio, pero que tenga el dolor de nosotros. Eso es lo que nos ha faltado aquí en Medellín y por eso nos tienen chupando la sangre, estamos explotados y seguiremos en la esclavitud sino ponemos de nosotros mismos para salir de esa esclavitud” .

Fue fundadora en el año 2009 de Latepaz (Líderes Adelante por un Tejido Humano de Paz) y de la Organización de Mujeres Aventureras, conformada por mujeres desplazadas cabezas de familia y gestoras en derechos. También hizo parte activa de la Ruta Pacifica de las Mujeres y de la Mesa Interbarrial de Desconectados, en la cual participó de la lucha por el acceso a los servicios públicos domiciliarios y a una vivienda digna para los sectores populares de la ciudad. Justamente por ser madre cabeza de familia se postuló para un subsidio de vivienda y después de todos los tramites logró adquirir una casa en el barrio Popular I, la cual estaba ubicada en otro sector muy conflictivo de la ciudad y su situación de seguridad no mejoró, así como no cesaron las amenazas en su contra.

El asesinato de Jonathan Arley Ospina Córdoba

El 7 de julio de 2010, once meses antes de su propio asesinato, Ana Fabricia recibió una llamada que la dejo muy angustiada, era su hijo Jonathan Arley anunciándole que lo iban a matar. Y así fue, al día siguiente salió a buscarlo y a las 11 de la mañana encontró su cuerpo sin vida en una cañada del sector de La Honda, contiguo al barrio La Cruz.

Esas heridas que no terminan de sanar, que se abren cada cierto tiempo, que no cicatrizan y que duelen profundamente. Un horror repetido, una persecución incesante que Ana Fabricia denunció hasta la saciedad. El asesinato de Jonathan la había llenado de mayor coraje y valentía para denunciar, en todos los escenarios posibles, la responsabilidad de la Policía en los hechos. En una entrevista emitida el 21 de agosto de 2010, en el programa En Caliente del canal local Cosmovisión, Ana Fabricia relató así lo sucedido:

“Yo sé que hablar la verdad en este país es un peligro porque aquí hay mucha corrupción, pero queremos una Policía transparente, queremos un Estado transparente, queremos hombres honestos, porque toda la Policía no es mala. Pero con este caso de pago de recompensas, o con este caso de los falsos positivos que fue lo que vivió mi hijo, un hombre sano, un gran hombre, que era un rapero, un pelado que lavaba carros, tenía su esposa y una niña, y me lo mataron de 19 años, a la edad de 20 años podría ser todo un señor, creo que no es justo.

Estaba el pelado en su casa dormido porque estaba enfermo de salud, con fiebre y gripa, y llegó Julián Andrés, de 16 añitos y que también murió el 7 de julio con Jonathan, a llamarlo a las 8 y 15 de la noche para que fuera a recibir una supuesta encomienda que yo le había mandado, estando en el Popular I, entonces mi hijo le quitó la ropita a su bebé y salieron los dos muchachos. Al llegar al Terminal este joven Julián hace una llamada telefónica, llama a los agentes Carmelo y Osorio, agentes de la Policía que operan en La Cruz. No sé si el pelado era informante de ellos, no sé por qué pero él los llamó. Entonces, me dicen a mí las personas que tengo de testigos y que vieron el caso, que lo cogieron y lo montaron a la patrulla de la Policía, a la 301384. Y a las 9 en punto de la noche me hacen a mí una llamada, era mi hijo Jonathan asfixiado y él me dice: –Mamá me va a matar la Policía–, yo le digo que por qué si la Policía está para cuidarnos no para matarnos, qué pasa mijo, llorándole a Dios que no fuera a ocurrir eso. Lo cogieron, lo llevaron 15 minutos al Comando de La Cruz, de ahí le dieron la vuelta por encima, y si a mi hijo me lo mató una banda fue porque ellos lo entregaron, porque mi hijo con su boquita santa, que ya está hecho un santo, me dijo a mí: –Mamá me tiene la Policía, me tiene el agente Carmelo y Osorio–, yo no sé si se llaman así… Yo sé que son unos gigantes grandes y al salir de aquí puedo morir, pero si me matan el mundo entero sabe quiénes son porque yo los conozco, los acuso porque sé que fueron ellos y la comunidad sabe que fueron ellos”. Ella sabía que las denuncias la ponían en riesgo pero no podía quedarse callada, no era capaz, tenía la sangre hirviendo y su dolor de madre sólo podía remediarlo en parte con sus reclamos de justicia. Sin temblarle la voz, con rabia pero con la misma fuerza de siempre, Ana Fabricia llevó el caso de Jonathan a todas las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, las amenazas en su contra se incrementaron y se vio obligada a salir del barrio donde vivía. Las noches las pasaba en los hoteles del centro de la ciudad y los días de oficina en oficina, visitando organizaciones y personas cercanas, tocando puertas para exigir respuestas a su situación, anunciando que la iban a matar, como lo hicieron con sus hijos, con sus padres, con su esposo, con su hermano, con su gente.

“Señores, no me dejen matar”

El 29 de abril de 2011, en una sesión del Comité Metropolitano de Derechos Humanos que tuvo lugar en el auditorio Guillermo Cano de la Alcaldía de Medellín, Ana Fabricia denunció las amenazas contra su vida y señaló como directos responsables a miembros de la Policía. Ese día, ante el secretario de Gobierno de Medellín, representantes de la Procuraduría, la Fiscalía, la Policía, la Vicepresidencia y más de cien líderes barriales, suplicó: “Señores, no me dejen matar”.

La propuesta de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá fue realizarle un análisis de riesgo, que únicamente implicaba una evaluación para eventuales medidas de seguridad. Ana Fabricia se negó desde el primer momento a dicho análisis por parte de la Policía y así lo manifestó por escrito, desconfiaba que quien la cuidara fuera precisamente la misma institución a la que ella denunciaba.

Pasó poco más de un mes de aquella reunión y la mañana del 7 de junio, mientras se desplazaba en un microbús de la ruta Santa Cruz, le dispararon en la cabeza con un arma con silenciador y salieron huyendo. El hecho produjo total indignación por el contexto de su muerte y las denuncias que había realizado. De inmediato, se pronunciaron el gobierno francés, el Vicepresidente de la República y diversos organismos de derechos humanos, señalando que su muerte se hubiera podido evitar, que poco o nada se había hecho para proteger su vida.

Su asesinato significó un duro golpe para el movimiento social y comunitario en Medellín, algunas de sus compañeras tuvieron que salir exiliadas y otras por temor se dispersaron. En su funeral, realizado al día siguiente en el cementerio de San Pedro, muchas personas expresaron el dolor y la angustia de vivir en un país en el que la impunidad alienta los crímenes más atroces contra personas indefensas, sobrevivientes de otras guerras, perseguidas en todos los rincones.

Sus hijos denunciaron la continuidad de las amenazas y de la persecución que no cesaron tras el asesinato de Ana Fabricia. El 1 de febrero de 2014 también fue asesinado su hijo Carlos Arturo de cuatro disparos en el sector de Naranjal. Él había regresado a la ciudad y estaba trabajando en un lavadero de carros. Se convirtió en el tercer hijo asesinado de esta líder, cuya familia sigue siendo perseguida, incluso después de su muerte.

Ana Fabricia Córdoba Cabrera quiso esclarecer el asesinato de sus hijos, gritaba los nombres de los asesinos y no la quisieron escuchar, alguien dio la orden de silenciar sus reclamos. Seis años después de pagar con su propia vida, a pesar del escándalo y de los lamentos, su crimen permanece en la total impunidad y no se conocen los nombres de los autores materiales e intelectuales, la justicia incluso ha puesto trabas a los abogados de los familiares para acceder al expediente y poder hacerle un seguimiento al proceso. Pero es su nombre el que todavía resuena con fuerza en las calles, es su rostro el que aparece dibujado en los muros, son sus palabras las que están estampadas en los corazones de muchos, y son sus reclamos los que siguen cobrando vigencia todos los días, en ese eterno viacrucis que padecen quienes siguen huyendo de una guerra que no termina.
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* Este texto hace parte del libro “Narrativas de Vida y Memoria. Cuatro aproximaciones biográficas a la realidad social del país”. Una publicación del Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH, que reúne los escritos ganadores en la categoría Reconocimiento a la Creación de Narrativas de Vida de la II Convocatoria Nacional de Propuestas Artisticas y Culturales de Memoria en el año 2014.