
dhColombia difunde la carta titulada: "Al oído de los que dialogan sobre la Paz", enviada por el sacerdote jesuita colombiano Javier Giraldo Moreno, S.J., a los negociadores de paz del gobierno y las FARC-EP en la Habana, Cuba. En uno de los apartes el Padre Javier Giraldo S.J., expresa:"...Uno de los puntos más importantes de la Agenda acordada entre el Gobierno y las FARC para sus diálogos sobre la Paz en La Habana, es el problema de la PARTICIPACIÓN. Se está entendiendo como la apertura de posibilidades para que algunos ex combatientes se inserten en la manera tradicional de hacer política en Colombia. Sin embargo, los mismos sub temas de la Agenda dan pie para entender el tema de manera mucho más amplia y analizar los verdaderos obstáculos del pueblo raso de Colombia para participar libre y conscientemente en decisiones que le conciernen. Aquí se analizan CUATRO MURALLAS que cierran las posibilidades de participación y se sugiere a los dialogantes buscar la manera de derribarlas...",
leer el texto completo en: http://www.javiergiraldo.org/IMG/pd...
dhColombia reetransmite la denuncia emitida por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó como un acto de solidaridad con el clamor y el sufrimiento de este puñado de campesinos que lo único que quieren es vivir en paz.
La falsedad sigue caracterizando los discursos oficiales sobre Urabá. Las autoridades hablan de inversión para el “desarrollo” de la región; reportan todos los días “normalidad” y “tranquilidad”; niegan la persistencia de los paramilitares, sin embargo los asesinatos continúan, el paramilitarismo está cada vez más activo e impune; la Brigada XVII sigue controlando las decisiones administrativas locales y el poder judicial desde sus intereses estratégicos paramilitares y económicos, fusionados con empresas transnacionales y grandes empresarios nacionales; el gobierno y su fuerza pública siguen contumaces en desconocer el derecho internacional humanitario y las decisiones de las Cortes que tratan de aplicarlo. Desde allí la realidad se distorsiona, se encubre y se falsifica. Pero nosotros, como Comunidad de Paz, no podemos callar. Las violaciones a los derechos humanos continúan a la orden del día y por ello seguimos dejando constancia de las mismas ante el país y el mundo. Los últimos hechos son los siguientes:
En tan solo 70 horas se han presentado dos muertes violentas en el corregimiento de San José de Apartado. Es necesario y es nuestra obligación con la historia, seguir registrando estas acciones de muerte, arbitrariedades, abusos y amenazas que se siguen presentando contra nuestro proceso, y la población del entorno, creemos que la constancia de estas podrá algún día llevar a que la humanidad haga justicia, los hechos que a continuación dejamos ante la humanidad y la historia son;
Nuevamente nuestra Comunidad de Paz, se ve obligada a dejar nuevas constancias ante la humanidad de los hechos que ponen en evidencia la connivencia entre instituciones cómplices del estado con los paramilitares los cuales, amedrantan, siembran zozobra y terror contra nuestra comunidad y la población civil del entorno. Los últimos hechos son los siguientes:
· El viernes 8 de febrero de 2013, hacia las 20:30 horas se presento un enfrentamiento armado en el casco urbano de San José. Nuevamente la población civil es coloca como escudo humano.
El país y la comunidad internacional han ido conociendo a través de muchas confesiones e informes lo que fue la estrategia del General Rito Alejo Del Río en la Brigada XVII a mediados y finales de los años 90, con el respaldo irrestricto del entonces Gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez: promoción de bases paramilitares, operaciones gigantescas de genocidio y desplazamientos masivos, concertación con las grandes empresas multinacionales que financiaban el paramilitarismo, exterminio de grupos, comunidades y organizaciones no sumisas a su estrategia. Algunos líderes del paramilitarismo de la región han confesado que encontraron apoyo total para continuar con esa estrategia en todos los comandantes que se sucedieron en la Brigada XVII.
A raíz de las graves amenazas e incursiones paramilitares en asentamientos de nuestra Comunidad de Paz en las últimas semanas, conformamos una COMISIÓN HUMANITARIA que se desplazó, con acompañamiento internacional, a la vereda La Esperanza y zonas aledañas, donde varias familias permanecían confinadas por los paramilitares y sometidas al ultimátum de siempre: si no trabajan con ellos, deben abandonar la zona o morir.
La Presidenta del Comité de Mujeres Corteras de la Caña ALFAMIR CASTILLO, madre de DARVEY MOSQUERA CASTILLO víctima de ejecución extrajudicial y los abogados de la parte civil del caso JORGE ELIÉCER MOLANO Y GERMÁN ROMERO, son nuevamente amenazados.
Las organizaciones abajo firmantes denunciamos ante la comunidad nacional e internacional las graves amenazas de muerte contra la lideresa y presidenta del Comité de Mujeres Corteras de la Caña ALFAMIR CASTILLO BERMUDEZ y los abogados defensores de derechos Humanos JORGE ELIÉCER MOLANO Y GERMÁN ROMERO, apoderados de la parte civil del proceso que se lleva en contra de integrantes del Batallón Contraguerilla 57 Mártires de Puerres y de la VIII Brigada del Ejército Nacional, por la ejecución extrajudicial de Darbey Mosquera Castillo y Alex Hernando Ramírez Hurtado ocurrida el 7 de febrero de 2008 en la vereda Java, municipio de Manizales, departamento de Caldas.
Ver también: Acción urgente de Amnistía Internacional http://www.dhcolombia.com/spip.php?...
Este reconocido abogado de derechos humanos fue asesinado el 18 de abril de 1998 y su crimen sigue en la impunidad. Su hijo, Camilo Umaña Hernández, le rinde un sentido homenaje.

Hace 15 años mataron a mi papá, José Eduardo Umaña Mendoza. El mediodía de ese sábado oscureció mi horizonte, lo cambió todo. Llegábamos con mi mamá a recogerlo. El zigzagueo de las balas apenas se dispersaba en el ambiente. Un humo ciego y pálido de metralla se sumaba al anterior de cigarrillo, rumores y jadeos. Ese aire denso se hizo sólido en mis pulmones y aplastó mis hombros con la noticia. “Mataron a tu papá”, me dijo mi mamá. Me vi en el piso.
En un instante sordo y detenido recordé tantos días jugados en ese suelo de cabellos rizados. La alfombra estaba marcada por las huellas de los asesinos. Esas huellas de muerte que avanzaban desde el corredor hacia la oficina, que se desviaban en el cuarto que fue el mío. Allí habían atado a la secretaria con cinta de enmascarar. Alguno de los tres sicarios dejó sus huellas de muerte en esa banda pegajosa que apenas se acababa de desatar. Las huellas seguían, trepaban, si se hacía silencio murmuraban, casi que clamaban cómo había sido todo; selladas en el arco de la puerta, anunciadas como periodistas a la entrada, seguidas redoblantes al despacho, discutidas en el aire.
La Procuraduría absolvió a tres militares por la muerte, supuestamente en combate, del líder minero Alejandro Chacón.
Por: Santiago Martínez
La más reciente decisión de la Procuraduría en el proceso por la muerte de Alejandro Uribe Chacón tiene molesta a su familia. Uribe, un líder campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal de Mina Gallo (Morales, sur de Bolívar), murió en manos del Ejército el 19 de septiembre de 2006 cerca de Mina Gallo. Y mientras se define en jueces si se trató de un falso positivo o una muerte en combate, los familiares de Uribe acaban de conocer que el Ministerio Público cerró la investigación contra tres de los militares que participaron en este episodio.


Testigos señalan que Zapata autorizó el operativo que terminó en la masacre, conocido como Fénix y ejecutado por 15 paramilitares y 5 uniformados que ya confesaron y están condenados. Pero ese no es el único tema por el que Zapata y otros militares serán interrogados.
El pasado martes se escucho en indagatoria al General Carlos Ospina Ovalle quién fue el comandante de las Fuerzas Militares, para la fecha de los hechos ocurridos el 21 de febrero de 2005 en las veredas de Mulatos y la Resbalosa en la que fueron asesinados 8 personas, de ellos cuatro menores de edad (de un año, cinco, once y diecisiete años).
Las investigaciones continúan, estas cada vez más arrojan merito para solicitar la captura de los generales Héctor Jaime Fandiño y Luis Alfonso Zapata y de los coroneles Néstor Iván Duque, José Fernando Castro y José Orlando Acosta Cely. Ya que se viene demostrando que hubo un ejercicio de mando en la planeación y ejecución de la operación y que desde elevados niveles de la Brigada existían alteraciones sobre las condenadas de ubicación de las tropas en la zona.
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